La cruzada de Donald Trump contra la agenda 2030 se siente en múltiples ámbitos. Desde la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París hasta los recortes a agencias climáticas federales, la administración republicana también representa una amenaza contra las Áreas Marinas Protegidas (AMP) al promover la minería submarina.
Trump no sólo ha firmado autorizaciones para explotar el subsuelo en Alaska, sino que también autorizó que se impulse la explotación del fondo oceánico para extraer minerales críticos.
“Las vastas áreas del lecho marino albergan minerales y recursos energéticos críticos. Estos son clave para fortalecer nuestra economía, asegurar nuestro futuro energético y reducir la dependencia de proveedores extranjeros de minerales críticos”, se lee en el texto publicado por la Casa Blanca en 2025, cuando el presidente refrendó la orden.
En la publicación también se advierte que Estados Unidos controla los recursos minerales del lecho marino en una de las áreas oceánicas “más extensas del mundo”, y que tiene derecho a acceder a esos recursos.
Con esta exploración, EE. UU. espera encontrar “minerales estratégicos” como níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y tierras raras; generar 100,000 empleos y aumentar el PIB de Estados Unidos en 300,000 millones de dólares durante la próxima década.
¿Qué es la minería submarina y por qué preocupa a los científicos?
La minería submarina consiste en la extracción de minerales del lecho marino, especialmente nódulos ricos en níquel, cobalto, manganeso y tierras raras. Estos recursos son utilizados en tecnologías como baterías, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.
Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales advierten que esta actividad podría destruir ecosistemas marinos aún poco estudiados y liberar grandes reservas de carbono almacenado en los sedimentos oceánicos.
Los riesgos ambientales de explotar el fondo oceánico
Organizaciones no gubernamentales demandaron a la administración por considerar que pone en peligro la vida de numerosas especies marinas que habitan en el Golfo de México, esto como consecuencia de autorizar la extracción de petróleo y gas en la zona.
“La Administración Trump está trabajando arduamente para dar vía libre a las empresas contaminadoras sobre nuestras tierras y aguas, mientras que la vida silvestre y los ecosistemas del Golfo en peligro están pagando las consecuencias”, denunció Devorah Ancel, abogada de la organización Sierra Club.
Las Áreas Marinas Protegidas y por qué son importantes
El océano es el gran regulador del clima global y el principal responsable de mantener las condiciones de vida tal como las conocemos. El mar absorbe alrededor del 90% del calor generado por el cambio climático y entre 20% y 30% de las emisiones globales de CO2. El aumento de la temperatura global representa un desafío para estos ecosistemas.
Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) surgen como una respuesta esencial para asegurar el futuro de los seres humanos, ya que los ecosistemas que albergan son imprescindibles para el equilibrio del planeta. Su explotación indiscriminada representa un riesgo global.
Greenpeace advirtió que los océanos albergan una gran biodiversidad, incluyendo especies aún por descubrir, y que su explotación es una amenaza para los almacenes de “carbono azul”, la cadena alimentaria y el propio ecosistema marino.
La WWF destacó que “la minería submarina es una nueva actividad aún no desarrollada con enormes impactos negativos potenciales para el medio ambiente, cuyas consecuencias tampoco han sido bien evaluadas”.
Ambas organizaciones y miles de activistas exigen regulaciones y reglas claras sobre la minería submarina y su impacto para la humanidad.
¿Será suficiente el tratado para proteger la vida marina en aguas internacionales?
En enero de 2026 entró en vigor el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, un tratado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino.
El acuerdo está enfocado en transformar la alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad. China, Alemania, Japón, Francia y Brasil ya lo han ratificado.
Se espera que, una vez plenamente implementado, el Acuerdo contribuya a abordar lo que la ONU llama la “triple crisis planetaria” del cambio climático: la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se encuentra entre los cinco principales exportadores de bienes relacionados con el océano (61,000 millones de dólares). Aunque el país adoptó el tratado en 2023, todavía no lo ha ratificado y el Senado no ha actuado al respecto”, informó la ONU en su página web.
Tras su entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
La ONU ha dicho que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz: “Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas”.
Según el texto del acuerdo, la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor.
