Gavin Newsom, gobernador de California, vetó un proyecto de ley mediante el cual se pretendían establecer protocolos de monitoreo de la contaminación del aire más estrictos en las zonas que marcan el perímetro de las refinerías de petróleo.
Conocida como ley SB 674, esta iniciativa estaba dirigida a fortalecer la protección de las comunidades cercadas que viven y trabajan alrededor de refinerías, salvaguardando su salud de la contaminación del aire nocivo, olores químicos tóxicos, explosiones y fugas.
Para cumplir con ello, se pretendía monitorear constantemente el aire más allá de los sitios donde se ubican las refinerías para medir hasta dónde se extiende la contaminación.
Lo controversial para las empresas de refinación de hidrocarburos era que la recopilación de los datos obtenidos se mantendría disponible al menos durante cinco años, lo cual habría permitido comparar los niveles de contaminación cada trimestre. De esa forma estarían obligadas a extremar cuidados para reducir el riesgo de ocasionar daños no sólo a los seres humanos, sino al medioambiente en general.
Otro punto que incomodó a las compañías petroleras era que sus instalaciones podrían haber sido sujetas a auditorías de terceros; y en caso de surgir algún incidente riesgoso estaban obligadas a colaborar en cualquier investigación dentro de las 24 horas posteriores.
“Si bien comparto el deseo de proteger a las comunidades de la contaminación del aire, los distritos locales de gestión de la calidad del aire ya están llevando a cabo las acciones necesarias para hacer precisamente eso”, señaló el mandatario demócrata después de impedir que la ley SB 674 pudiera materializarse.
Unfortunately, today Governor Newsom vetoed SB674, The Refinery Pollution Reduction & Transparency Act.
The fight for environmental justice doesn’t stop here—let’s continue to demand clean air & transparency from major polluters. 🌍
⁰Press Release: https://t.co/DtSbo6Gthm pic.twitter.com/Ic1SVWKqFr— Senator Lena Gonzalez (@SenGonzalez33) August 19, 2024
El político de 56 años también argumentó que la iniciativa prácticamente iba a competir con la implementación de otros programas de gestión de la calidad del aire que están siendo implementados en algunos distritos, los cuales quizá habrían exigido reembolsos que habrían significado incrementar el déficit presupuestario estatal que para el año fiscal 2025 se estima en $44,900 millones de dólares.
“No hay fondos estatales identificados ni disponibles en el presupuesto estatal para apoyar estos esfuerzos”, manifestó.
Al respecto, mediante un comunicado, Lena González, líder de la mayoría del Senado estatal, calificó el veto del gobernador como un duro revés para la salud de miles de ciudadanos que viven cerca de las refinerías.
“Es un golpe devastador a los años de arduo trabajo y defensa de las comunidades afectadas por la contaminación del aire de las refinerías. Las comunidades cercanas necesitan urgentemente un mejor monitoreo del aire, y no debería ser tan difícil establecer un sistema que les brinde las necesidades más básicas: transparencia e información sobre los químicos tóxicos que se liberan en sus vecindarios”, enfatizó González.
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