Cuando la tribu Wiyot recuperó 46 acres de tierras ancestrales conocidas como Mouralherwaqh o Wolf´s House no solo se trató de un logro de justicia ambiental, también California fortalecía su compromiso con la llamada iniciativa Océano 30X30 y con la protección de la biodiversidad.
Los indígenas Wiyot lograron comprar esas tierras en 2022 con una subvención de $1.2 millones del Consejo de Protección del Océano (OPC) estatal.
Era la primera vez que el Estado de California financiaba la adquisición tribal de tierras ancestrales como parte de su esfuerzo para implementar soluciones basadas en la naturaleza para lograr el cambio climático, de acuerdo con la Universidad Cal Poly Humboldt.
Las tierras recuperadas son grandes humedales de agua dulce rodeados por un bosque de abetos de Sitka que sirve como lugar de cría de garcetas y garzas.
La tribu lidera un plan de gestión y restauración ecocultural del sitio que priorice las conexiones culturales y la protección de la calidad del agua e incluye algunas labores en las tierras como la eliminación de especies invasoras, la restauración de cuencas y planificación de adaptación al aumento del nivel del mar.
Los Wiyot analizaron la posibilidad de solicitar la postulación de su Plan de Manejo del Bosque EcoCultural Mouralherwaqh al programa de apoyo de actividades de planificación de la Ley de Mejoramiento Forestal de California (CFIP) de Cal Fire.
El tema fue tratado en el consejo tribal el 12 de febrero de 2024.
“Al proteger y restaurar las tierras altas costeras y los humedales del área, mejorar la calidad del agua y eliminar especies invasoras, este proyecto también respalda el compromiso del estado de proteger la biodiversidad y conservar el 30 por ciento de nuestras tierras y aguas costeras para 2030”, según OPC.
La administración del presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en 2021 para proteger el 30 por ciento de las tierras y aguas oceánicas de Estados Unidos para 2030, para ayudar a frenar el calentamiento global y preservar la vida silvestre.
El progreso de esta iniciativa está a cargo del Departamento del Interior y también apoya los esfuerzos de conservación y restauración de los gobiernos y comunidades locales, estatales, privados y tribales.
“Tres cuartas partes de las tierras del planeta y dos tercios de sus océanos han sido fuertemente alteradas por los humanos. La pérdida y degradación del hábitat sigue siendo la principal causa de extinción en Estados Unidos y en todo el mundo. EEUU pierde un área natural equivalente a un campo de fútbol cada 30 segundos debido al desarrollo humano, lo que afecta gravemente la vida silvestre, el agua dulce y el aire limpio”, de acuerdo con Biological Diversity.
California tiene icónicos ecosistemas costeros y marinos que abarcan desde playas arenosas y costas rocosas hasta bosques de algas marinas y profundos cañones submarinos que además de ofrecer oportunidades recreativas apoya la llamada economía azul.
De allí la importancia para el estado de conservar el 30% de sus aguas costeras para 2030 y la Agencia de Recursos Naturales de California define las áreas conservadas 30×30 como zonas terrestres y acuáticas costeras que están protegidas y gestionadas de manera duradera para sostener ecosistemas funcionales tanto intactos como restaurados, y la diversidad de vida.
Un total de 124 áreas marinas protegidas, 16% de las aguas estatales, ya cumplen con esa definición. La OPC indicó que está trabajando con tribus americanas de California, agencias estatales y federales, científicos, pescados y organizaciones ambientales para conservar medio millón de acres adicionales para 2030.
Uno de los proyectos en los que trabaja la OPC es colaborar con el Santuario Marino Nacional Greater Farallones en su plan de gestión que clasifica los recursos naturales clave y evalúa las amenazas a estos. Proceso que “brinda una oportunidad sin precedentes para mejorar la conservación de la biodiversidad única y frágil de este santuario frente a amenazas como la contaminación y la pérdida de algas marinas”.
Las opciones de protección se presentarán para la discusión del público en la reunión del Consejo asesor del santuario en la primavera de 2024.
Nota publicada inicialmente en la versión impresa de La Opinión.
