Los activistas ambientales se están anotando victorias importantes a nivel nacional y la más reciente ocurrió en Chicago cuando lograron que a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Illinois se le ordenara reformar el proceso para otorgar permisos a las industrias contaminantes que buscan instalarse en zonas residenciales.
La medida es un triunfo de justicia ambiental para comunidades que por lo general son las más afectadas por la contaminación y el cambio climático como la hispana, la afroamericana, la asiática y otras de bajos recursos, de acuerdo con varios estudios sobre este aspecto.
El gobernador JB Pritzker acordó que el estado de Illinois analice con profundidad los posibles impactos ambientales antes de permitir que empresas se instalen en áreas de bajos ingresos, como sucedió con la operadora de chatarra de General Iron en el sureste de Chicago.
El anuncio se hizo cuatro años después de que la EPA de Illinois aprobara el traslado de General Iron al lado sureste, una zona que expertos dijeron ya afrontaba niveles de contaminación, por lo que grupos ambientalistas se activaron para advertir de las consecuencias de esta decisión y presentaron una denuncia de violación de los derechos civiles.
“Un acuerdo ‘primero en su tipo’ entre EPA y ILEPA reformará inmediatamente partes del proceso de obtención de permisos para la industria, un proceso que ha ayudado a crear zonas de sacrificio en comunidades de color”, dijo el grupo ambientalista Southeast Environmental Task Force.
El grupo aboga por la eliminación de las llamadas zonas de sacrificio que se definen como áreas pobladas con altos niveles de contaminación y peligros ambientales, a causa de instalaciones industriales tóxicas o contaminantes cercanas.
Estas áreas se denominan “zonas de sacrificio” porque la salud y la seguridad de las personas en estas comunidades se sacrifican “efectivamente por las ganancias económicas y la prosperidad de otros”, según The Climate Reality Project.
“¿Cómo se convierten los lugares en zonas de sacrificio? Un factor es la ausencia de una regulación gubernamental adecuada. Otra es que muchas veces las personas que viven en estas áreas carecen de acceso a la información para saber sobre la contaminación que envenena a su comunidad o del poder para obligar a los formuladores de políticas a hacer algo al respecto”, detalló.
Y precisamente lo que busca la nueva medida es reforzar la supervisión de los contaminadores que estén estableciendo operaciones o expandiéndose, notificar a los residentes sobre estos planes y posiblemente realizar reuniones públicas para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en torno a posible contaminación.
Olga Bautista, codirectora ejecutiva de Southeast Environmental Task Force, dijo que aun cuando el acuerdo es positivo para las comunidades de justicia ambiental en Illinois, ahora se necesita ver cómo las autoridades implementarán el convenio enfocándose en la seguridad pública cuando se otorguen permisos en el futuro.
Southeast Environmental Task Force indicó que la nueva política, que entró en vigor en febrero, también requiere evaluar el historial de los solicitantes, abordar los impactos desproporcionados con requisitos más estrictos, agilizar los procesos de quejas por discriminación y mejorar el acceso público y lingüístico.
Grist, una organización de medios independiente sin fines de lucro centrada en soluciones climáticas y revelar injusticias ambientales, destacó que si bien la resolución no dice que la agencia violó ninguna ley contra la discriminación, el acuerdo obliga a la EPA de Illinois a realizar cambios radicales en su proceso de permisos de aire.
