La devastación de la isla tras el Huracán María en 2017: Un testimonio de la tragedia y la migración forzada debido al cambio climático. Foto: Shutterstock.
Por Daniel Morales, periodista de investigación
Tras el devastador impacto del Huracán María en 2017 en Puerto Rico y los problemas agrícolas en Centroamérica por el cambio climático, millones de personas -incluida María Báez y la familia de Miriam Mateo- han emigrado. Brenda Murphy, periodista beneficiada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU., evidencia la inestabilidad de esta figura legal. Con 200 millones de migrantes ambientales proyectados para 2050, se avizora una crisis mayor.
María Báez durante sus 52 años de vida, había residido en Puerto Rico, adaptándose, al igual que sus compatriotas, a los periódicos y vehementes embates de huracanes y tormentas tropicales. Sin embargo, nada la preparó para lo que vio al despertar la madrugada del 20 de septiembre de 2017.
“Cuando abrí la puerta, el agua se metió al apartamento porque estaba bien alta, bien alta… Los carros estaban casi inundados”, recuerda Báez. María, el huracán con que compartía su nombre, había dejado una destrucción sin precedentes. Además de la muerte de cerca de 3,000 residentes puertorriqueños, devastó cientos de miles de edificaciones, la infraestructura eléctrica y el sistema de salud pública, convirtiéndose en el desastre natural más destructivo en azotar a la isla en 80 años.
Para Báez y el pueblo puertorriqueño vinieron semanas de caos y estrechez, incluyendo largas filas para recibir artículos esenciales. Eventualmente, Báez se encontró con la asistencia que el estado de Florida ofrecía y decidió abandonar su tierra natal. Tenía un motivo contundente: su nieto Christian, quien contaba con cinco años en ese momento y quien presenta necesidades médicas especiales.
“Se me hizo bien difícil porque allá dejé a mi hija y mis hijos…Se me hizo bien difícil porque allá yo tenía mi vida. Estaba recién graduada de enfermera práctica…Y dejar todo, todo allá”, dice Báez.
Fue así que María y Christian se convirtieron en dos de los 22.5 millones de migrantes climáticos que en el año 2017 fueron desplazados de sus lugares de residencia debido a catástrofes naturales.
María, con una mirada llena de tristeza, refleja los difíciles momentos que vivió junto a su nieto Christian durante la crisis provocada por el huracán María en Puerto Rico. Foto: Henry Mendoza.
La magnitud de este fenómeno migratorio es difícil de cuantificar sobre todo porque no está tipificado en la mayor parte del mundo. En la práctica, muchos de los migrantes climáticos se mudan primero dentro de su país, pero al no encontrar amparo o prospectos, a menudo ponen la mira en el extranjero.
Uno de los retos más grandes es la falta de leyes que los consideren y, por ende, la obtención de visas y permisos de trabajo se vuelve inalcanzable cuando el desplazamiento responde únicamente a un desastre natural.
Estos desastres se han intensificado en las últimas décadas debido al cambio climático. La evidencia científica es clara: el calentamiento global causa, por ejemplo, que los huracanes se intensifiquen con mayor rapidez, potenciando la acumulación de lluvia y velocidad de los vientos. Asimismo, la crisis climática hace que las sequías sean más frecuentes, largas y severas. Así lo explica el Doctor en Cambio Climático Paris Rivera:
“El cambio climático está influyendo posiblemente en la intensidad de estos fenómenos. Van a ser tal vez el mismo número, van a tener una misma frecuencia, pero con una intensidad mayor, lo cual repercute en mayores daños, y mayores impactos a la población y a los sistemas”.
María Báez y su nieto pudieron emigrar a la Florida con la ayuda del gobierno y sin la preocupación que representa un estatus migratorio irregular ya que Puerto Rico es territorio estadounidense. Esta es una realidad muy distinta a la que afecta a cientos de miles de personas desplazadas de Centroamérica y el Caribe que llegan a EE.UU. buscando lo mismo: un mejor porvenir.
La lucha de Mateo y su familia contra el cambio climático
Es un calvario que Miriam Mateo entiende de sobra. Ella y su familia se han dedicado desde siempre a la agricultura en su natal Guatemala, pero en la última década han visto cambios del medio ambiente que han hecho prácticamente imposible ganarse la vida a través de sus cultivos.
“Una es la sequedad. No hay agua. Se siembra el cultivo, medio nace y se marchita… Y otra que las tierras se lavan al fin del tiempo de estarlas, va de labrar y labrar, ya no tiene abono ya”, describe Mateo.
Mateo, sus padres y sus hijos comparten la suerte de millones de campesinos que viven en el Corredor Seco en Centroamérica, un tramo de territorio que abarca partes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es una zona castigada por un ciclo de sequías severas seguidas de potentes lluvias cada vez más frecuentes e intensas.
Miriam Mateo, una mirada cargada de preocupación mientras enfrenta los desafíos devastadores del cambio climático en su natal Guatemala. Foto: Carlos Zegarra.
Mateo llora al contar que su hijo no vio otra opción que emigrar a EE. UU. para buscar un sustento que le sería imposible encontrar en el Barrial:
“Él se fue a los Estados [Unidos] a los 16 años. Se fue por necesidad, por la escasez… Mi hijo salió. Pero uno como mamá se queda sin nada”.
Mateo ha visto cómo sus vecinos también han abandonado la zona: unos hacia otras ciudades del país y otros, como su hijo, hacia Estados Unidos. La búsqueda de un mejor porvenir es una parte fundamental de la atracción hacia la nación norteamericana, pero los centroamericanos tienen motivos adicionales para poner la mira en el norte.
Helena Olea, directora asociada de programas para Alianza Américas, explica por qué: “Han sido siglos de vender el sueño americano a través de todos los medios de comunicación. ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay un estado que protege? En Estados Unidos”.
Olea subraya que: “Y frente a ese sueño, por supuesto, todas las personas y más las más impactadas son las que dicen: ‘Yo también quiero eso. Yo necesito un estado que me proteja. Yo quiero tener la oportunidad de un trabajo’. Y si la situación se está haciendo peor en [su] región, están viendo como hay otras regiones donde se recuperan más rápido…que tienen una mejor situación económica y que tienen unas instituciones que protegen. Entonces es absolutamente explicable que las personas busquen opciones hacia el norte”.
El Barrial en Guatemala sufre una dura sequía mientras se debaten opciones migratorias por desplazamiento climático en América Latina. Foto: Carlos Zegarra.
Las opciones al sur de Centroamérica son bastante limitadas, pero en los últimos años ha habido avances. Argentina, es hoy por hoy el único país que ofrece garantías jurídicas. La Dirección Nacional de Migraciones puso en efecto en el año 2022 una disposición que reconoce la migración climática y aprueba un visado humanitario para personas que viven en México, Centroamérica y el Caribe que se han visto desplazadas por desastres “socio-naturales”.
Por su parte, el Congreso en Colombia contempla en la sesión 2022-2023 un proyecto de ley que “reconocería la existencia del desplazamiento forzado por causas climáticas”. La discusión está recién comenzando y no se sabe si la propuesta se convertirá en ley, pero la versión original no otorga beneficios migratorios como las visas humanitarias que ofrece Argentina.
Aun si el marco legal fuera más atractivo para los desplazados medioambientales, emprender rumbo al sur conlleva otro tipo de riesgos para los centroamericanos y caribeños.
“El tránsito hacia Sudamérica es menos conocido, la situación económica no es la mejor pero hay otro factor central y es la inseguridad. El impacto del crimen organizado en muchos países de América Latina también es un factor que desincentiva a las personas a migrar y que también está expulsando y obligando a las personas a salir”, dice Olea.
Entonces, EE.UU. se posiciona como el mayor polo de atracción para migrantes climáticos en momentos que el país enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en su frontera con México. Pero aunque la Casa blanca ha reconocido oficialmente el impacto de la crisis climática en los patrones globales de desplazamiento, hasta la fecha no ofrece un camino para que los migrantes medioambientales regularicen su estatus migratorio.
Una de las únicas figuras legales disponibles en EE.UU. es el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual se puede conceder cuando las condiciones en un país específico impiden a sus ciudadanos regresar de manera segura. Incluye un permiso de trabajo y protege contra la deportación. Tal es el caso, por ejemplo, de Honduras, incluido desde 1999 en la lista de países beneficiados por el TPS a consecuencia de la destrucción del huracán Mitch a finales de octubre de 1998.
De Honduras a EE.UU. y el impacto del TPS en su vida
Para finales de los 90, la periodista hondureña Brenda Murphy había ingresado a EE.UU. de manera irregular pero con la meta de trabajar y regresar a Honduras en uno o dos años. No obstante, cuando pensaba en regresar a su natal San Pedro de Sula, la devastación de Mitch le impidió volver junto a su esposo, también indocumentado, y su pequeña hija nacida en EE.UU. Aunque el TPS le ofreció la posibilidad de permanecer legalmente en el país, estuvo muy lejos de darle una tranquilidad duradera.
Brenda Murphy, ahora se encuentra segura después de experimentar una profunda incertidumbre con el TPS. Foto: Katie Sikora.
“El TPS te da tranquilidad. Te da un poco [de seguridad] por lo menos por el tiempo que dura… Tres meses antes de que se terminara… Era una zozobra que lo aprobaran”, cuenta Murphy.
El TPS otorga la legalidad temporal porque el gobierno decide cada 18 meses si extiende el beneficio. Para los cientos de miles que reciben este amparo, esto significa que su estatus migratorio podría quedar nulo si el ejecutivo así lo decide.Murphy vivió por más de dos décadas sabiendo que la administración de turno podía dejarla desamparada. Ella obtuvo la residencia permanente solo cuando su hija, quien es ciudadana estadounidense, realizó los trámites para regularizar la situación familiar cuando alcanzó la mayoría de edad. Aún ahora, a poco menos de 30 años de haber salido de su país, Murphy admite que, si Honduras le hubiera ofrecido estabilidad y seguridad, tal vez nunca hubiera pensado en emigrar:
“[Para] la gente que decide irse del país no es fácil. Yo no quiero que nadie piense que la gente quiere venir… O sea, nadie quiere salir de su tierra… Me gusta vivir en EE.UU. y me encanta… Ya soy parte de este sistema gracias a mis hijos. Pero añoro a mi país. Añoro a la gente… [No] me arrepiento de haberme venido. No, no me arrepiento, pero mi país es bello”.
Las historias de quienes han sufrido el impacto directo de la crisis climática como Brenda Murphy, Maria Báez y Miriam Mateo son únicas y cada una ilustra desafíos difíciles de ponderar para quienes han tenido mejor fortuna. Sin embargo, tienen un denominador común: el desplazamiento involuntario y traumático de un grupo específico de migrantes que se multiplica a pasos agigantados.
Puerto Rico después del huracán María: Un vistazo a la devastación causada por la furia de la naturaleza. Foto: Shutterstock.
Se estima que para el año 2050, habrá 200 millones de migrantes ambientales en todo el planeta. Esta crisis ambiental y humanitaria empeorará a menos que los gobiernos de todo el mundo adopten políticas de mitigación climática más estrictas que incluyan el control de la deforestación y la reducción de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero).
Sin lugar a dudas, muchos habitantes de la Tierra ya no tienen el lujo de esperar a que los líderes mundiales decidan tomar acción. Esta es una carrera contra el tiempo en la que todos los seres humanos tenemos un importante deber.
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