Los delitos ambientales se han convertido en una de las actividades criminales más lucrativas y de mayor crecimiento a escala global. Además de causar daños profundos a los ecosistemas y a la biodiversidad, estas prácticas representan un desafío para la gobernanza ambiental y exponen a riesgos crecientes a los periodistas que investigan y reportan sobre ellas.
De acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y del informe The Rise of Environmental Crime, elaborado junto a INTERPOL en 2016, el valor económico de estos delitos oscila entre $91 mil millones y $258 mil millones anuales, una cifra que incluso supera al comercio ilegal de armas pequeñas.
Este tipo de actividades incluye la explotación y el tráfico ilícito de recursos naturales, la tala ilegal, la pesca no regulada y la minería clandestina.
Más allá del lucro, los delitos ambientales generan impactos de gran alcance. La explotación ilegal de recursos naturales puede devastar ecosistemas enteros, degradar suelos y fuentes de agua, y comprometer la regulación del clima o la fertilidad de los suelos.
Además, socavan la economía formal y reducen los ingresos de países que dependen de la gestión sostenible de sus recursos naturales.
Uno de los ejemplos más visibles es el comercio ilegal de vida silvestre, que mueve entre $10 mil millones y $20 mil millones anuales. Este mercado ilícito abarca desde la caza furtiva de especies protegidas hasta su transporte y venta a través de redes internacionales, según reportó la agencia AP.
De acuerdo con INTERPOL, estas redes criminales suelen estar vinculadas a otras actividades ilícitas, como la corrupción, el blanqueo de capitales y la falsificación de documentos. Estas conexiones transnacionales complican los esfuerzos de las autoridades para perseguir a los responsables y amplifican el impacto de estos delitos sobre la biodiversidad y las economías locales.
A pesar de más de dos décadas de esfuerzos e iniciativas internacionales para frenar el tráfico de vida silvestre, el problema persiste. En el informe World Wildlife Crime Report 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se advirtió que esta actividad ilegal afecta a más de 4 mil especies de plantas y animales en al menos 162 países y territorios.
De ese total, alrededor de 3,250 especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que refleja que incluso los acuerdos internacionales existentes no han logrado detener completamente el comercio ilegal que amenaza la biodiversidad global.
Organizaciones internacionales como UNEP, INTERPOL y UNODC coinciden en que combatir estos delitos requiere una respuesta coordinada entre gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil.
Riesgos para los periodistas
En este sentido, el periodismo cumple un papel fundamental al documentar y denunciar las prácticas ilícitas, explicar sus consecuencias y visibilizar los mecanismos que permiten su expansión. Sin embargo, informar sobre delitos ambientales también implica riesgos significativos para quienes ejercen esta labor.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), basado en una consulta a más de 900 periodistas ambientales de 129 países, reveló que 70% de los consultados ha sufrido amenazas, agresiones o presiones relacionadas con su trabajo.
Asimismo, se reportó que dos de cada cinco periodistas afirmaron haber experimentado violencia física en los últimos años.
El mismo reporte reseñó que entre 2019 y 2023 se registraron más de 300 ataques contra periodistas ambientales, lo que representa un incremento del 42% en comparación con el periodo anterior. Desde 2009, al menos 44 periodistas han sido asesinados mientras investigaban temas ambientales, y la mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.
Las amenazas no se limitan a la violencia física. La cobertura de temas ambientales también enfrenta presiones legales, censura y autocensura, situaciones que pueden provenir tanto de actores ilegales como de gobiernos o intereses económicos. Estas prácticas pueden restringir la libertad de expresión y desalentar nuevas investigaciones sobre problemáticas ambientales de alto impacto social y ecológico.
Recurso para periodistas y medios
Con este contexto, Huella Zero, un programa informativo sobre clima y medioambiente de la ONG Sachamama, realizó el taller gratuito para periodistas y trabajadores de la prensa “Cómo cubrir delitos ambientales”.
Esta capacitación se realizó en alianza con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) y contó con dos periodistas especializados en el área: Ana Cristina Alvarado, productora e investigadora de Mongabay Latam; y Aldo Benítez, reportero y editor de Organized Crime and Corruption Reporting Project.
La capacitación fue publicada en la cuenta de Sachamama en Youtube.
Estados Unidos es uno de los destinos del oro y dinero ilegal de la Amazonía
Estados Unidos figura como uno de los principales destinos para ocultar ingresos derivados de delitos ambientales en la Amazonía, según un informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT).
El estudio analizó 230 casos vinculados con minería y tala presuntamente ilegales y advirtió sobre el papel del sistema financiero internacional en el movimiento de estos recursos.
Uno de los ejemplos citados es el caso “Amanecer”, investigado por la Fiscalía General de Ecuador. Entre 2012 y junio de 2016, dos empresas ecuatorianas reportaron 217 exportaciones de oro hacia Estados Unidos, mientras que el país norteamericano solo registró 131 importaciones de ese metal en el mismo periodo, lo que encendió alertas sobre posibles irregularidades relacionadas con el lavado de activos.
Julia Yansura, directora del Programa sobre Delitos Medioambientales y Finanzas Ilícitas de FACT, explicó que Estados Unidos suele convertirse en destino de estos recursos debido a la alta demanda de productos naturales y a brechas legales que facilitan la creación de empresas sin revelar a sus verdaderos propietarios.
La Coalición señaló que 25% de los casos analizados y 44% de los relacionados con el “seguimiento del dinero” involucran al menos una jurisdicción extranjera, siendo Estados Unidos la más mencionada, seguido de los Emiratos Árabes Unidos. Ante este panorama, expertos destacan la importancia de fortalecer la transparencia corporativa y las investigaciones financieras para combatir los delitos ambientales.
