El derretimiento de los glaciares se ha convertido en una de las señales más contundentes del cambio climático a escala global. En América Latina, esta transformación es especialmente visible en la cordillera de los Andes, donde la pérdida acelerada de hielo altera ecosistemas, reduce reservas de agua dulce y enciende alertas científicas sobre impactos irreversibles.
En ese contexto, el Día Mundial de los Glaciares, cada 21 de marzo, invita a poner la mirada en una región donde el deshielo ya no es una proyección futura, sino una realidad documentada.
De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP, por sus siglas en inglés), los Andes albergan algunos de los glaciares que más rápido se degradan en el mundo.
La UNEP detalló que en las últimas cuatro décadas la región perdió entre 30% y 50% de su masa glaciar, un fenómeno que provocó la desaparición total de algunos cuerpos de hielo.
Consecuencias de la pérdida de glaciares
Este deshielo tiene implicaciones directas en la disponibilidad de agua. Los glaciares andinos funcionan como “torres de agua” que regulan el suministro hídrico para millones de personas, especialmente en épocas de sequía.
Su reducción progresiva altera los ciclos hidrológicos y compromete el acceso a recursos esenciales en países como Perú, Bolivia, Colombia y Chile, según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.
El caso de los Andes tropicales es particularmente alarmante. Un ejemplo de ello es Venezuela, debido a que se convirtió en mayo de 2024 en el primer país andino-amazónico en perder la totalidad de sus glaciares.
En Colombia, pasa una situación similar. Los glaciares han perdido más de la mitad de su superficie desde el siglo XIX, con reducciones aceleradas en las últimas décadas. Algunos nevados, como el Ruiz o Santa Isabel, han experimentado pérdidas superiores al 80% de su cobertura glaciar en periodos recientes, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Más al sur, en Perú, la agencia de noticias Andina reseñó que el glaciar Quelccaya también muestra signos evidentes de retroceso, con el surgimiento de lagunas y áreas de roca expuesta que antes permanecían cubiertas de hielo.
El derretimiento de los glaciares no solo implica la pérdida de reservas de agua. También incrementa riesgos como deslizamientos, formación de lagunas inestables y cambios en los ecosistemas de alta montaña. Además, supone la desaparición de registros climáticos milenarios almacenados en el hielo, fundamentales para entender la evolución del clima global.
Frente a este escenario, organismos como la UNESCO advierten que la única vía efectiva para frenar la desaparición de los glaciares es la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin acciones contundentes, el retroceso del hielo andino continuará avanzando, transformando de forma irreversible el paisaje y las condiciones de vida en la región.
Debate en Argentina
Actualmente el Congreso de la Nación Argentina debate una reforma a la Ley Nacional de Glaciares (Ley N.º 26.639) que modifica el régimen de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, con el objetivo de facilitar inversiones mineras y promover el desarrollo económico.
La ley actual, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de todos los glaciares y zonas periglaciales identificadas en el Inventario Nacional de Glaciares, declarando a estos cuerpos de hielo como bienes de carácter público y prohibiendo expresamente actividades industriales, minería, exploración hidrocarburífera y liberación de sustancias contaminantes en estas áreas.
El objetivo de la legislación vigente es preservar estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura y recarga de cuencas hidrográficas, entre otras funciones ambientales.
El proyecto de reforma introduce cambios sustanciales en ese marco legal: redefine el alcance de la protección mediante criterios técnicos basados en la “función hídrica” de cada glaciar o geoforma periglacial, y otorga a las provincias la potestad para identificar, regular o excluir zonas del inventario nacional, en función de evaluaciones ambientales locales.
El gobierno argentino argumenta que la modificación no desmonta la protección de recursos hídricos, sino que introduce claridad jurídica y federalismo ambiental, alineando la ley con la potestad constitucional de las provincias sobre sus recursos naturales.
No obstante, la reforma ha generado fuertes objeciones de sectores ambientales y sociales que advierten sobre los riesgos de debilitar la protección de los glaciares, especialmente en un contexto de creciente estrés hídrico y cambios climáticos.
Organizaciones, universidades y diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado en contra de la reforma.
