La Agencia de Protección Ambiental (EPA) flexibilizó el lunes 12 de enero los estándares de contaminación del aire para las nuevas plantas de energía. Señaló que ya no tendrá en cuenta los efectos sobre la salud ni los costos económicos derivados de ciertos contaminantes peligrosos.
Las regulaciones establecen límites para las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre provenientes de plantas de energía de nueva construcción. Estas emisiones son precursoras en la formación de ozono y material particulado fino (PM2.5).
Brigit Hirsch, portavoz de la EPA, declaró a The Washington Post que la agencia “aún está considerando los impactos de las emisiones de PM2.5 y ozono en la salud humana, pero por el momento no calculará los costos”.
Añadió que la EPA sigue comprometida con su misión principal de proteger la salud humana y el medio ambiente.
El PM2.5 se refiere a partículas diminutas en suspensión, con un diámetro de 2,5 micrómetros o inferior, mucho más finas que un cabello humano.
Esta mezcla compleja, regulada por la EPA como uno de los seis principales contaminantes del aire, puede incluir compuestos químicos orgánicos, polvo, hollín y metales, originados en vehículos, industrias y la combustión de madera.
Lo que se sabe sobre los nuevos estándares de contaminación del aire
La EPA ha reconocido los impactos del PM2.5 y el ozono en la salud. Sin embargo, criticó su propio análisis costo-beneficio anterior, alegando que las evaluaciones de los beneficios de las normas contenían demasiada incertidumbre.
La agencia afirmó que sus prácticas analíticas anteriores transmitían una falsa sensación de precisión sobre los impactos monetizados del PM2.5 y el ozono, sin un respaldo científico suficiente.
La administración del presidente Joe Biden había establecido límites separados para PM2.5 en 2024, que se estimaba evitarían 4,500 muertes prematuras y 290,000 días laborales perdidos para 2032, con beneficios netos para la salud de hasta 46,000 millones de dólares.
En noviembre, la administración de Donald Trump retiró su defensa de la regulación ante los tribunales, argumentando que el gobierno de Biden carecía de la autoridad para fortalecer la norma. Posteriormente, en marzo, la EPA anunció que estaba reconsiderando la regulación.
La agencia destacó que, por cada dólar invertido en la norma, podrían generarse hasta 77 dólares en beneficios para la salud. Sin embargo, fiscales generales de estados conservadores y representantes de la industria presentaron demandas contra las normas más estrictas, alegando que el costo de cumplimiento sería demasiado elevado para los fabricantes.
