El Departamento de Justicia de la administración Trump presentó el 29 de agosto una moción de juicio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York con el objetivo de que se declare inconstitucional la Ley de Superfondo, promulgada en diciembre de 2024 por la gobernadora Kathy Hochul.
Esta ley prevé recaudar 75 mil millones de dólares a empresas energéticas, tanto nacionales como extranjeras, responsables de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero, para financiar proyectos de adaptación climática en el estado.
La demanda, originada en una orden ejecutiva emitida por Trump el 8 de abril de 2025 para proteger la producción energética frente a “excesos estatales”, sostiene que Nueva York ha sobrepasado su autoridad al intentar imponer sanciones financieras extraterritoriales sobre emisores globales, violando las cláusulas de Supremacía, Comercio Interestatal y Asuntos Exteriores.
“Nueva York abusó de su autoridad al tratar de imponer sanciones financieras paralizantes a los mayores proveedores de energía del mundo”, afirmó el fiscal general adjunto interino Adam Gustafson, según una publicación del Departamento de Justicia.
A juicio de Gustafson, los estados individuales no tienen autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y mundial, y por ello insistió en que los tribunales deberían poner fin a la Ley de Superfondo.
Por su parte, defensores de la ley destacan su base en el principio “quien contamina paga”, y aseguran que su aplicación aliviará la carga fiscal de los neoyorquinos frente a los costos crecientes del cambio climático.
El 4 de agosto, el juez P. Kevin Castel rechazó la solicitud de Nueva York para trasladar el caso al Distrito Norte y autorizó el establecimiento de un calendario para el juicio sumario.
Mientras tanto, entidades ambientales y grupos comunitarios preparan acciones para defender la ley, conscientes de sus posibles repercusiones legales y económicas en el futuro.
Nueva York y la Ley de Superfondo
Este estado fue el primero en Estados Unidos en aprobar, en diciembre de 2024, una legislación que busca cobrar a las grandes compañías de combustibles fósiles por los daños derivados del cambio climático.
La norma, llamada oficialmente Climate Change Superfund Act, establece que empresas responsables de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero deberán aportar hasta 75 mil millones de dólares a lo largo de 25 años para financiar proyectos de adaptación y mitigación dentro del estado.
La medida es inédita en Estados Unidos y ha abierto un fuerte debate. Sus defensores consideran que se trata de un paso histórico para responsabilizar a las industrias de combustibles fósiles, a las que señalan como principales causantes de la crisis climática. También destacan que el fondo aliviará el gasto público de los neoyorquinos, quienes en los últimos años han enfrentado pérdidas millonarias por huracanes y tormentas.
