Un productor comercial de frutas del condado de Orleans, en el estado de New York, que aloja a trabajadores en su granja, afirma que la factura eléctrica promedio por unidad de vivienda ha aumentado entre $200 y $500 mensuales. Un incremento que no solo lo afecta él, también impactará el bolsillo de los consumidores.
Los agricultores se encuentran en la primera línea de un entorno cambiante, enfrentándose a desafíos que van desde condiciones climáticas impredecibles hasta variaciones en las condiciones de cultivo y a ello se suma el alza de los costos de producción con una creciente demanda de electricidad.
La alarma fue sonada por David Fisher, presidente de la junta directiva de New York Farm Bureau, una organización no gubernamental dedicada a resolver los problemas económicos y de políticas públicas que enfrenta la industria agrícola.
Fisher, quien es propietario de Mapleview Dairy en el condado de St. Lawrence, en un artículo que publicó en el Times Union dijo que los agricultores quieren ser parte de la solución climática, pero las políticas climáticas deben ser prácticas para que funcionen.
Explicó que la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés) estableció metas ambiciosas para la reducción de emisiones. “Sin embargo, es evidente que ciertos aspectos de la ley deben actualizarse para reflejar las condiciones reales, especialmente en el sector agrícola”.
La CLCPA se encuentra entre las leyes de justicia climática y ambiental más ambiciosas del país, de acuerdo con NY Renews, una coalición de 300 organizaciones de justicia ambiental, comunitarias, laborales y otras dedicadas a la justicia climática y a una transición justa hacia una energía 100% limpia y renovable en el estado de New York.
Esa ley, aprobada en 2019 tras campañas realizadas por NY Renews, se compromete a lograr una electricidad 100% libre de emisiones para 2040, establece estándares de reducción de emisiones para que el estado abandone por completo los combustibles fósiles para 2050, y exige que el 40% de los fondos estatales destinados al clima y la energía se inviertan en comunidades desproporcionadamente desfavorecidas.
Productores bajo presión: clima y costos en aumento Fisher afirmó que las presiones de costos que enfrentan los agricultores se intensifican a un ritmo alarmante, mientras que los márgenes de ganancia disminuyen.
“Debemos brindarles las herramientas que necesitan para lograr la estabilidad financiera. Solo así podrán seguir promoviendo la sostenibilidad y la resiliencia ambiental a largo plazo”, recomendó.
Detalló que la demanda de electricidad crece más rápido de lo que la red eléctrica del estado puede soportar, lo que genera serias preocupaciones sobre su capacidad y confiabilidad.
Y advirtió que, si la electrificación se expandiera rápidamente sin garantizar que la red pueda soportarla, aumentaría aún más los costos y crearía una peligrosa inestabilidad tanto para las comunidades rurales como urbanas.
De la granja al supermercado: el impacto en los precios
La Consumer Energy Alliance (CEA), la principal organización defensora de los intereses energéticos y ambientales de las familias y las empresas, en su análisis “De la granja a la mesa” de 2024, también alertó cómo el aumento de los costos energéticos conlleva facturas de comestibles más elevadas y pone en riesgo la viabilidad de las granjas familiares estadounidenses.
“La energía está presente en cada bocado de cada comida que consumen los estadounidenses, y resulta fácil pasar por alto la gran medida en que los precios de la energía influyen en los precios de los alimentos”, afirmó David Holt, presidente de la CEA.
Holt dijo que debido a que el 97% de las granjas estadounidenses son de propiedad familiar, incluso los aumentos menores en los costos energéticos pueden tener un impacto duradero, imponiendo cargas adicionales a las granjas y elevando los precios que los consumidores pagan en el supermercado.
Las familias pagaron un 22% más por los alimentos a finales de 2024 en comparación con principios de 2021, según cifras de la CEA.
Combustibles limpios como parte de la solución Fisher precisó que la electrificación tiene limitaciones prácticas.
La maquinaria pesada, como tractores y cosechadoras, requiere una potencia constante y elevada que las tecnologías actuales de baterías y electricidad aún no pueden proporcionar a gran escala.
De allí la necesidad de contar con un enfoque más flexible y diversificado para la reducción de emisiones, incluyendo un estándar de combustibles limpios como parte de la solución.
Sugirió incentivar el uso de combustibles con bajas emisiones de carbono que puede ayudar a impulsar la reducción de las mismas, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y la asequibilidad de la energía.
Los biocombustibles —incluidos el biodiésel, el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible— ofrecen una alternativa práctica y con bajas emisiones de carbono que funciona con la maquinaria e infraestructura existentes, detalló el directivo.
Estas opciones permiten a los agricultores reducir las emisiones hoy mismo, sin tener que esperar a tecnologías que aún podrían tardar años en generalizarse, según Fisher.
“Los agricultores ya están contribuyendo a un futuro más sostenible. En todo Nueva York, muchos están invirtiendo en tecnologías como los digestores anaeróbicos, que convierten el estiércol y los residuos alimentarios en energía renovable, reduciendo las emisiones, mejorando la gestión de residuos y generando nuevas fuentes de ingresos”, dijo.
Reiteró que se debe actualizar la CLCPA para abordar las presiones de costos, las limitaciones de la red eléctrica y las necesidades específicas de la agricultura.
