Por varias décadas, los líderes de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos y sus seguidores han usado el precio de la gasolina como un argumento para criticar o elogiar la gestión del gobierno de turno. Esto se hace a sabiendas que el presidente carece de la autoridad para fijar directa o indirectamente el precio del combustible. Se podría decir que es un artilugio de conveniencia política que se usa en tiempos de campaña como barómetro de la salud de la economía estadounidense y la prosperidad de la población. Sin embargo, la verdad de las cosas es que no hay una persona u organismo con el poder exclusivo para controlar cuánto cuestan los hidrocarburos ya que esto depende de muchos factores, en especial del precio del barril de petróleo que fluctúa con la oferta y a la demanda.

Este es un tema de particular actualidad ya que el 1 de julio, el gobierno federal publicó su propuesta para la explotación petrolera en la plataforma continental – que incluye el Golfo de México. Una vez aprobado, este plan determinará el número de pozos que se explotarán entre el 2023 y 2028. No obstante, la aprobación del proyecto depende de la participación del público, quien tendrá hasta principios de octubre para presentar sus comentarios.

En este contexto, hay numerosos grupos de interés que impulsan campañas de publicidad para convencer a los consumidores que la única manera de alcanzar la “independencia energética” de EE.UU. es mediante un aumento del número de pozos petroleros en altamar. Del otro lado de este debate están las organizaciones ambientalistas que tratan, a menudo infructuosamente, de desmentir el beneficio inmediato de tal expansión en el costo que paga el consumidor. Asimismo, estos grupos citan la evidencia científica y estadística del efecto desproporcionado que tiene un aumento de las plataformas de explotación y la sostenida dependencia de los hidrocarburos en la salud y bienestar económico de las comunidades, en su mayoría de minorías raciales, que viven en las regiones donde se explota el recurso. Tanto los científicos como los activistas argumentan que la única manera de lograr la independencia de los combustibles fósiles es invertir en fuentes de energía sostenible, limpia y renovable.

Los grupos de interés que representan a la industria petrolera de EE.UU. se han encargado de perpetuar la falsa noción de que un aumento en el número de pozos en altamar tendrá un efecto virtualmente inmediato en el precio del galón de combustible. El principal motivo de esta campaña de desinformación es conseguir el respaldo de los consumidores para la expansión de las licitaciones a compañías petroleras que se beneficiarán principalmente de permisos muy lucrativos.

No obstante, hay estudios que descartan que el aumento o reducción del número de plataformas petroleras marítimas tenga un impacto inmediato y significativo en el bolsillo de los compradores de combustible del país.

Por ejemplo, un nuevo reporte afirma que dicha expansión generaría un ahorro de cerca de un centavo de dólar por cada galón de gasolina en las próximas dos décadas y no representaría una mejora económica para los trabajadores de la industria petrolera.

Este reporte cuenta con el consenso de los expertos de organizaciones de prestigio como Earth Justice, Healthy Gulf, y Gulf Coast Center for Law & Policy, quienes dejan en claro que el gobierno federal podría llegar a cancelar la totalidad de nuevos contratos en los próximos años sin incurrir en un aumento apreciable del precio del combustible o perjuicio al mercado laboral. Asimismo, el informe concluye que este es el momento propicio para dejar atrás la quema de combustibles fósiles: el petróleo, carbón y el gas natural, las fuentes del 80% de la demanda primaria de energía a nivel mundial y la causa de dos tercios de las emanaciones de dióxido de carbono, el principal contribuidor del cambio climático.

En julio de 2022, el Departamento del Interior de EE.UU. presentó el primer bosquejo del plan de contratos de extracción de petróleo y gas para los próximos 5 años. Por ahora, incluye un máximo de 10 posibles transacciones en el Golfo de México y una en la Ensenada de Cook, frente a las costas de Alaska. El anuncio especifica claramente que las áreas de explotación de los recursos podrían reducirse después de considerar los comentarios del público que se reciban hasta principios de octubre.

“Hoy presentamos una oportunidad para que el pueblo estadounidense considere y aporte su opinión sobre el futuro del arrendamiento de petróleo y gas en altamar. El momento de que el público opine sobre nuestro futuro es ahora”, dijo la Secretaria del Interior, Deb Haaland.

Como tal, el contenido de la propuesta no se alinea con las promesas electorales del Presidente Joe Biden. Durante su campaña del 2020, Biden prometió que, de ser elegido, no habría más perforaciones “en tierras federales” e “incluso en altamar”, lo que se interpretó entonces como un duro golpe contra quienes lucran con la explotación del petróleo. Incumplir el compromiso hecho durante la contienda electoral no solo podría incurrir en el descontento de los activistas y votantes que priorizan el tema ambiental sino exponer a las comunidades de minorías del Golfo de México a la continuación de los peores impactos de la explotación de los hidrocarburos.

Los defensores del medio ambiente insisten que este no es el momento para abandonar la lucha por energías alternativas y limpias. La Secretaria Haaland está de acuerdo:  “Desde el primer día, el Presidente (Joe) Biden y yo hemos dejado claro nuestro compromiso con la transición a una economía de energía limpia”.

La coyuntura actual nos lleva a un camino que se bifurca claramente. Por un lado está la senda hacia no sólo una continuación, sino la expansión de la dependencia de los hidrocarburos. Por el otro, está el camino hacia el desarrollo de energías limpias y sostenibles que aminoren los daños irreparables al medio ambiente y las comunidades que hoy en día sufren el perjuicio directo de la explotación petrolera.

En el Golfo de México, las minorías raciales y étnicas como los Hispanos, Afrodescendientes y Asiáticos son los que más deben convivir con la injusticia ambiental que nace de la explotación de hidrocarburos. Ya sea a causa de derrames de pozos o de la contaminación que emana de las operaciones rutinarias de la industria o la destrucción que causan los frecuentes desastres naturales en la región, estas comunidades son las que sufren el grueso del estrés socioeconómico y exposición a las toxinas, residuos químicos peligrosos y otras cargas medioambientales.

Es una coexistencia con un costo humano y ambiental inmenso que la industria petroquímica simplemente acepta como un subproducto inevitable del negocio. Y los problemas crónicos de salud así como el desamparo tras el impacto de los desastres naturales, tecnológicos y antropogénicos son simplemente gajes del oficio para la industria de los combustibles fósiles orientada exclusivamente al lucro.