Un fallo del juez federal Alan Albright, en Texas, declaró inconstitucional el pasado 4 de febrero la ley “anti-ESG” de 2021 (Proyecto de Ley del Senado 13). Esta legislación, que prohibía al estado invertir en instituciones financieras consideradas “boicoteadoras” de empresas de combustibles fósiles, fue invalidada por el tribunal al considerarla una violación de la Primera Enmienda.
Albright argumentó que la normativa penaliza a las empresas por evaluar los riesgos financieros asociados al cambio climático, emplea definiciones imprecisas y atenta contra la libertad de expresión.
La ley obligaba a ciertos fondos de pensiones estatales a deshacerse de acciones de gestores de activos vinculados a iniciativas de mitigación climática. Gigantes del sector financiero como BlackRock, JPMorgan Chase y State Street han disminuido su participación en alianzas climáticas en los últimos dos años, en gran medida debido a la presión ejercida por políticos republicanos.
Cabe destacar que, en junio del año pasado, Glenn Hegar, excontralor interino de Texas, autorizó a las agencias estatales a reanudar operaciones con BlackRock, bajo el argumento de que la empresa “reconocía los costos sociales y económicos reales” de no respaldar a la industria del petróleo y el gas.
No obstante, las acciones en contra de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) han continuado manifestándose a través de leyes que buscan restringir incluso iniciativas de diversidad.
Reacciones sobre la declaración inconstitucional la ley anti-ESG
David Levine, presidente y cofundador del American Sustainable Business Council (ASBC), celebró la decisión de Albright calificándola como un “triunfo significativo” para las empresas e inversores enfocados en la sostenibilidad.
Levine declaró a Reuters que “el tribunal ha ratificado una verdad fundamental: las empresas no deben ser penalizadas por sus estrategias de inversión, ni se debe silenciar a quienes alertan sobre los peligros del cambio climático”.
Por su parte, la ONG Private Equity Stakeholder Project (PESP), subrayó en su portal web que esta medida enfatiza la importancia de permitir que las decisiones de inversión se guíen por el juicio financiero y una evaluación holística de riesgos.
“La ley buscó restringir la forma en que los inversionistas y las entidades públicas evalúan el riesgo basándose en estándares imprecisos y mecanismos arbitrarios de aplicación estatal”, añadió la ONG.
Asimismo, PESP expresó que el fallo estipula que los inversores deben mantener la facultad de evaluar factores relevantes para la estabilidad a largo plazo y la salud financiera de sus beneficiarios.
Más sobre la ley
Esta resolución se suma a una tendencia creciente de fallos judiciales que rechazan iniciativas similares en otros estados. Estos precedentes refuerzan las restricciones al uso de la autoridad estatal para influir en decisiones de inversión privadas.
Según datos de Pleiades Strategy, consultora que monitorea la legislación anti-ESG, existen actualmente 26 propuestas de ley en desarrollo en estados como Alaska, Georgia y Michigan. Pero, desde 2022, 391 proyectos de este tipo han sido rechazados antes de convertirse en ley.
“Las políticas anti-ESG están diseñadas para dirigir fondos públicos hacia industrias de mayor riesgo, como combustibles fósiles y fabricantes de armas, limitando el compromiso corporativo con temas como el cambio climático y la diversidad”, afirma Pleiades Strategy.
El impacto económico ha sido tangible. Según la Asociación de Negocios de Texas, esta ley provocó una disminución de casi 700 millones de dólares en la actividad económica del estado y la pérdida de 3,000 empleos de tiempo completo. Además, los costos de servicios bancarios y financieros se incrementaron en 270 millones de dólares como consecuencia directa de las restricciones impuestas por la legislación ahora invalidada.
