Debido a la disputa en curso sobre su financiamiento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha detenido la mayoría de los viajes institucionales. Esta medida limita la capacidad de cientos de empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para trasladarse hacia y desde las zonas afectadas por desastres naturales.
Según correos electrónicos y documentos obtenidos por The Washington Post, la falta de fondos —derivada de las tensiones entre la administración y los congresistas sobre la aplicación de la ley federal de inmigración— paralizó una porción significativa del departamento durante el pasado fin de semana.
Lo que se sabe de las limitaciones de viajes de FEMA
El DHS generó confusión en la FEMA al ordenar la suspensión de todos los viajes, incluidos aquellos relacionados con desastres, mediante un correo electrónico enviado el martes de la semana pasada.
Esta directriz afectó la respuesta de la agencia a 14 declaraciones de desastre activas, provocadas por las severas tormentas invernales del mes anterior. Un funcionario de FEMA declaró a The Washington Post que se cancelaron todas las movilizaciones, lo que impidió la participación de 360 personas en capacitaciones y tareas críticas de campo.
Aunque se permitió que el personal ya desplegado trabajara de forma virtual, el mensaje oficial estipuló que el DHS ahora debe aprobar individualmente cualquier asignación presencial. Según informaron diez funcionarios y exfuncionarios de la agencia, si bien es habitual restringir viajes para capacitaciones durante lapsos de falta de financiación, es inusual que un bloqueo presupuestario obstaculice las labores de recuperación ante desastres.
Los funcionarios señalaron a The Washington Post que esto refleja las políticas implementadas bajo la gestión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem.
Más detalles
Bajo las nuevas directrices, los responsables de FEMA deben justificar ante la sede del DHS la necesidad de cualquier traslado de personal durante este periodo de crisis financiera, incluso si los gastos se cubren con el Fondo de Ayuda para Desastres. Dicha justificación debe demostrar que el viaje es “esencial para la misión”, concepto que se limita estrictamente a la seguridad de las personas o la protección de bienes.
“El hecho de que el DHS imponga restricciones a la capacidad de FEMA para desplegar nuestra fuerza laboral de respuesta y recuperación nos retrasa; limita nuestra capacidad de actuar con rapidez ante las necesidades de los estados y comunidades afectadas”, expresó al medio un trabajador bajo condición de anonimato.
Un contexto de debilitamiento institucional
Esta crisis presupuestaria se suma a las tensiones del año pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció su intención de eliminar FEMA tras la temporada de huracanes. Hasta el momento, la agencia ha visto debilitada su estructura mediante la reasignación de empleados hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la denegación de solicitudes de asistencia a varios estados.
Expertos advierten que desmantelar FEMA aumentaría la vulnerabilidad ante desastres climáticos, afectando desproporcionadamente a comunidades latinas y a estados con menos recursos para responder de manera autónoma.
Desde la organización Climate Power aseguraron que, sin FEMA, la población quedará desprotegida: “Los estados no tienen la capacidad ni los conocimientos necesarios para asumir el trabajo de los oficiales de la agencia, quienes han dedicado su vida a responder a catástrofes naturales y a crear la infraestructura necesaria para hacerlo con eficacia”.
