Un tribunal multó a Greenpeace, organización internacional que lucha por la defensa del medio ambiente y la paz, por considerar que es responsable de ocasionar daños y perjuicios al protestar en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access (DAPL), red que se extiende desde Dakota del Norte a Illinois.
Entre abril de 2016 y febrero de 2017, grupos de nativos americanos establecieron un campamento para bloquear las obras del proyecto a cargo de la compañía Energy Transfer, empresa dedicada al transporte de gas natural y propano.
Durante la etapa más complicada de la manifestación, más de 10,000 manifestantes ─incluidos representantes de más de 200 tribus indígenas, veteranos militares y celebridades─ se congregaron en Dakota del Norte con el objetivo de echar abajo el montaje de la enorme tubería cerca de la reserva de las tribus sioux de Standing Rock, ubicada entre Dakota del Norte y Dakota del Sur.
Para dispersar a los manifestantes fue necesaria la intervención de la Guardia Nacional y de la policía. El oleoducto de 1,172 millas de extensión entró en operación en 2017.
Sin embargo, Energy Transfer argumentó mediante una demanda legal que los meses de demora en la obra le causaron entre 265 millones y 340 millones de dólares en daños y perjuicios.
“Nuestra demanda busca obtener una indemnización por los daños que Greenpeace causó a nuestra empresa. No se trata de la libertad de expresión. La organización, financiación y fomento de la destrucción ilegal de propiedad y la difusión de desinformación van mucho más allá del ejercicio de la libertad de expresión”, indicó la compañía con sede en Delaware.
A fines de febrero de 2025 inició un juicio para que ambas partes presentarán pruebas y testigos con el objetivo de deslindar responsabilidades sobre el caso.
La compañía demandante aseguró que Greenpeace no solo entrenó a los manifestantes en contra del DAPL, sino que también cubrió el monto de los suministros necesarios para que permanecieran en el lugar protestando.
Por su parte, la organización que lucha por frenar el cambio climático afirma que los señalamientos en su contra estaban encaminados a impedir la libertad de expresión.
A finales de marzo, un jurado integrado por nueve personas falló en contra de Greenpeace y se le ordenó pagar $660 millones de dólares.
Sushma Raman, representante de Greenpeace USA, señaló que el veredicto significa un duro golpe para la defensa del planeta.
“Este caso debería alarmar a todos, sin importar nuestras inclinaciones políticas. Forma parte de un renovado esfuerzo de las corporaciones para usar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia. Energy Transfer sabe que no tenemos $660 millones de dólares, quiere nuestro silencio, no nuestro dinero”, expresó.
