La jueza federal Loren L. AliKhan pausó ─de forma temporal─ una iniciativa del presidente Donald Trump para detener la financiación federal mientras su administración realiza una revisión general para desarraigar lo que considera iniciativas progresistas.
La suspensión administrativa, motivada por una demanda interpuesta por grupos sin ánimo de lucro que reciben dinero federal, dura hasta el lunes por la tarde. Esa misma mañana está prevista otra vista judicial para estudiar la cuestión.
La semana pasada, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales que dejaran de desembolsar fondos para la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (IIJA) y de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), incluidos los fondos que el Congreso ya había autorizado entregar.
La medida ha sumido en la incertidumbre a proyectos climáticos y de infraestructuras en diversas fases de desarrollo, mientras su agenda en materia de contratos y subvenciones del gobierno federal sigue evolucionando rápidamente.
Hasta dentro de unos meses no podrán conocerse las implicaciones de la suspensión de los fondos, pero en principio se prevé que la decisión de Trump provoque retrasos en los proyectos, cancelaciones y una incertidumbre económica más amplia.
Pero la falta de claridad con la que Washington dio la orden y la anunció generó un caos en todo el país, donde cientos de iniciativas dedicadas a proteger a ancianos y a financiar proyectos de mejoras en algunos estados se vieron afectadas por la decisión de Trump.
La Casa Blanca rescindió el memorando que congelaba las subvenciones federales tras la confusión generalizada. Insistió en que la congelación de fondos era para que examinar “rápidamente las estafas, la deshonestidad, el despilfarro y el abuso que han tenido lugar en nuestro gobierno durante demasiado tiempo”.
Pero un memorando vagamente redactado emitido por la Oficina de Gestión y Presupuesto, combinado con respuestas incompletas de la Casa Blanca a lo largo del día, dejó a los legisladores, funcionarios públicos y estadounidenses promedio luchando por averiguar qué programas se verían afectados por la pausa. Incluso las interrupciones temporales de la financiación podrían provocar despidos o retrasos en los servicios públicos.
Sin embargo, la presidencia de Donald Trump señaló que las agencias federales deben detener temporalmente la financiación y las actividades de las agencias que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, “incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, la DEI, la ideología de género woke, y el nuevo acuerdo verde”, según el memorando.
Los demócratas argumentaron que el presidente no tenía derecho a dejar de gastar unilateralmente el dinero asignado por el Congreso. “No hay duda de que esta política es imprudente, peligrosa, ilegal e inconstitucional”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a The Associated Press.
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