Steve Chance Smith administra un rancho ganadero en Arizona y ha vivido cerca de la frontera durante años. Esto le ha permitido, dijo, ser testigo de cómo el medio ambiente de la zona se ha deteriorado a medida que aumentó el cruce de personas indocumentadas.
Las personas dejan a su paso basura, dañan los pastizales de su ganado y contaminan el agua, según documentos judiciales de una demanda.
Gail Getzwiller es dueña de dos ranchos de ganado cerca de la frontera sur en ese estado. Afirmó que voluntarios locales han limpiado 10,000 toneladas de basura en la frontera, dejada por quienes han cruzado en los últimos tres años.
Pañales, mochilas, botellas de agua de plástico y ropa son algunos de los artículos que los migrantes dejan en el área y las grandes cantidades de basura, afirmó, contaminan el agua, causan erosión del suelo y degradan la vegetación y la vida silvestre en su área.
Smith y Getzwiller fueron parte de una demanda presentada por Massachusetts Coalition for Immigration Reform (MCIR) contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que no había realizado una revisión obligatoria requerida por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) sobre el posible impacto ambiental antes de detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
Un juez federal del Distrito de Columbia emitió un fallo favorable a los dos rancheros a finales de septiembre después de un juicio de dos días. El magistrado declaró responsable al DHS de violar la NEPA lo que causó daños ambientales a las zonas donde Smith y Getzwiller trabajan y viven.
La NEPA ordena a las agencias federales suministrar informes detallados de los impactos ambientales para las recomendaciones que realicen sobre propuestas de leyes y otras acciones federales que afecten significativamente la calidad del medio ambiente humano.
El DHS argumentó en una moción para desestimar un reclamo enmendado del Center for Immigration Studies (CIS) que los demandantes no habían sido perjudicados por la acción gubernamental sino por las acciones de ciudadanos extranjeros y, por lo tanto, no tenían legitimidad para presentar ninguna reclamación por las acciones tomadas en materia de inmigración.
CIS desde 2021 ha estado litigando demandas contra las violaciones a la NEPA en el área de inmigración a nombre de ciudadanos preocupados por este tema, incluidos ganaderos que viven en la frontera de Arizona.
El DHS también argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) impide a los ciudadanos presentar muchas de las reclamaciones en esa materia y que el gobierno podría usar la exención NEPA de la administración anterior para construir el muro para detener la construcción.
El tribunal rechazó el argumento de legitimidad del gobierno, el de que la INA impide a los demandantes presentar reclamaciones basadas en la NEPA contra estas acciones de inmigración y sus argumentos de exención de esa ley.
“El Centro está sumamente satisfecho de haber reivindicado los derechos de los ciudadanos estadounidenses en virtud de la NEPA”, dijo CIS.
Basura, armas e incendios
Smith dijo que ha notado un aumento en la basura que dejan las personas que cruzan la frontera, y que en una ocasión un grupo de inmigrantes indocumentados enterró un arma en el rancho que administra antes de ser detenidos.
El ranchero detalló que el número de personas que cruzan la frontera que él ve se ha multiplicado por ocho o nueve veces más que antes. No sólo ve a las personas cruzar, sino que encuentra señales de un aumento del tráfico en el rancho todo el tiempo: mantas nuevas, ropa, botas de alfombra (para evitar dejar huellas) y nuevos campamentos.
El ganadero alegó que también provocan incendios que dañan el entorno local, que ahora vive con miedo por la seguridad de su familia y se ve obligado a estar armado cuando recorre su rancho.
Getzwiller, a su vez, dijo que la sostenibilidad de su propio estilo de vida depende de detener el daño a la salud del ecosistema local: su propio ganado “no estará sano si no se cuida la tierra”.
Arizona tiene uno de los paisajes ecológicamente más diversos del país, y ver que se convierte en una vía de paso para los migrantes la perturba mucho, se indicó en la demanda.
Una situación similar ocurre en la frontera entre Texas y México.
Raymundo Aguilar, del colectivo Sierra de Juárez, dijo a la agencia de noticias EFE que el río Bravo ha registrado mucha basura por parte de las personas que están en movilidad.
En la zona existe mucha vida silvestre y se “necesita de la ayuda de la comunidad para retirar la gran cantidad de residuos que se han acumulado y que se suman varias acequias que descargan aguas negras al río”.
También en la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, el paso de migrantes ha impactado el ecosistema de la zona. El Ministerio de Ambiente de Panamá calcula que cada migrante deja unas 20 libras de desechos durante su travesía por la jungla, que dura en promedio cinco días.
Contenido especial de Huella Zero, publicado inicialmente en Conecta Arizona.
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