En California, la calidad del aire no es un tema abstracto ni un lujo ambiental: es una cuestión de salud, justicia y supervivencia. Las comunidades más pobres y marginadas suelen vivir más cerca de las fuentes de contaminación, lo que significa que respiran aire más sucio y, con ello, sufren enfermedades y desigualdades.
Con esta premisa, el Programa de Protección del Aire en la Comunidad, financiado a través del Programa Estatal de Cap-and-Invest, se ha convertido en una herramienta decisiva para reducir la contaminación en las zonas más afectadas.
Gracias a ese programa más de cuatro millones de californianos que viven en algunas de las comunidades más contaminadas del estado están experimentando mejoras reales en la calidad del aire gracias al Programa de Protección del Aire en la Comunidad de California, según un informe de la California Air Resources Boad (CARB).
En el reporte se destaca cómo las soluciones comunitarias están reduciendo las emisiones, fortaleciendo la aplicación de políticas de aire limpio y proporcionando un aire más limpio y saludable en todo el estado.
Desde 2017, la CARB ha destinado $632 millones a más de 9,000 proyectos de incentivos, dirigiendo el 85% de los fondos a comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos, una cifra que “supera ampliamente los objetivos de inversión establecidos por la propia” agencia, de acuerdo con cifras ese ente gubernamental.
Los proyectos responden a prioridades locales y varían de norte a sur del estado. Entre ellos destacan el reemplazo de miles de cortadoras de césped viejas y contaminantes por modelos eléctricos en todo el Valle de San Joaquín, beneficiando a paisajistas y residentes.
También la reducción del polvo con la pavimentación de estacionamientos escolares, creación de áreas verdes urbanas e instalación de sistemas de filtración de aire en escuelas del Valle Imperial.
Y la financiación del primer remolcador eléctrico del país en el Puerto de San Diego, que eliminará 30,000 galones de contaminación por diésel al año.
Los impactos no son simbólicos: las reducciones de contaminación ya se pueden medir.
El programa ha logrado eliminar más de 23,000 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) —equivalentes a sacar de circulación 2.5 millones de vehículos durante un año—, 950 toneladas de partículas de diésel —como las emisiones anuales de dos millones de camiones pesados— y 282,600 toneladas métricas de gases de efecto invernadero, que equivalen a conducir un auto de gasolina por casi 1,400 millones de kilómetros, según datos oficiales.
El informe destaca varios logros comunitarios como en el sur de Los Ángeles, donde la CARB propuso enmiendas a dos normas que reducen los compuestos orgánicos volátiles cancerígenos provenientes de las operaciones de ensamblaje de vehículos motorizados y limpieza con solventes en respuesta a la preocupación de la comunidad.
En las comunidades fronterizas internacionales de San Ysidro se lanzó un proyecto piloto de monitoreo del aire para estudiar las emisiones transfronterizas, los tiempos de espera en la frontera, la contaminación del tráfico, los olores del río Tijuana y otras preocupaciones de la comunidad. “El monitoreo en tiempo real de los contaminantes del aire ya está en marcha”, aseveró la CARB.
En un estado que enfrenta tanto los retos de la crisis climática como la inequidad ambiental, este programa es más que un plan técnico: es una promesa de justicia. Una apuesta por demostrar que las soluciones limpias no solo son posibles, sino que pueden y deben empezar en los lugares que más lo necesitan.
