Vermont está muy cerca de pasar a la historia como el primer estado donde, además de responsabilizar a las grandes compañías petroleras por el daño ecológico que han causado en la región, pueda obligarlas a pagar por los perjuicios financieros ocasionados a los residentes que habitan en su territorio.

Recientemente se aprobó un proyecto de ley que sigue el modelo del Programa Superfondo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el cual exige que las empresas responsables de la contaminación ambiental limpien los sitios ellas mismas o reembolsen al gobierno los costos del trabajo para hacerlo. La legislación recibió una  mayoría de votos, tanto en el Senado (26 votos a favor, con tres en contra) como en el Cámara de Representantes (94-38), en la ciudad de Burlington, Vermont.

La particularidad del proyecto de ley, que pasó a la oficina del gobernador republicano Philip Brian Scott para que la firme, es que pretende obligar a las grandes petroleras a pagar por la contribución que han tenido sus operaciones a que el cambio climático se haya acelerado en regiones del estado: provocan desastres cuyos costos ascienden a miles de millones de dólares.

Aunque Massachusetts, California, Maryland y New York han tratado de impulsar políticas similares en contra de la industria petrolera, ninguno de esos estados logró avanzar hasta el punto en el que se encuentra Vermont.

El estado se ubica en la región Noreste, en la frontera con Canadá, y es el sexto menos extenso de Estados Unidos, después de Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y Rhode Island.

Desastres continuos a causa de inundaciones

En julio del año pasado, precipitaciones récord provocaron daños cercanos a $1,000 millones de dólares en Vermont, en tanto que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reportó que el invierno pasado fue el más cálido jamás registrado en el estado.

“El cambio climático es real. No creo que nadie deba sorprenderse por esto. No creo que podamos utilizar los métodos tradicionales de las tormentas de 100 años. Lo hemos demostrado con las inundaciones de julio y, apenas cinco meses después, otra tormenta”, señaló el gobernador Philip Scott.

Al respecto, Andrew Pershing, vicepresidente de ciencia de Climate Central, organización sin fines de lucro dedicada a realizar investigaciones científicas, señala que por cada aumento de un grado Fahrenheit en la temperatura se obtiene un aumento de 4% en la cantidad de vapor de agua que la atmósfera puede contener.

Es ahí donde se pretende responsabilizar a las compañías petroleras por el dióxido de carbono que sus actividades generan en la atmósfera.

Ley de Superfondo Climático

A partir de una línea de investigación conocida como ciencia de la atribución, un mecanismo que permite calcular la influencia de la contaminación por carbono en ciertos desastres climáticos, los políticos que impulsan la Ley de Superfondo Climático de Vermont pretenden realizar una evaluación sobre cuánto daño ha causado el cambio climático en la entidad.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, Richard Warden Sears Jr., senador demócrata por Vermont, sostuvo que los costos relacionados con el cambio climático en el estado siguen aumentando, mientras que —tan sólo en 2022— las empresas de combustibles fósiles reportaron más de 200 mil millones de dólares en ganancias.

“El daño que los combustibles fósiles están causando en nuestras comunidades continúa creciendo, y las inundaciones tan sólo en el último año resultaron en costos masivos para nuestro estado. La Ley de Superfondo Climático se basa en el principio de larga data de que quien contamina paga”, indicó.

Por su parte, la emisora Vermont Public informó que durante el verano pasado los residentes del estado perdieron más de $1,000 millones de dólares en daños debido a las inundaciones.

Así que, en caso de ser aprobada la Ley de Superfondo Climático, se consultarán diversas bases de datos, incluida la de Carbon Majors, para calcular, entre 1995 y 2024, cuántas toneladas métricas de dióxido de carbono liberó cada compañía petrolera a la atmósfera. También buscarán precisar cuánto dinero representó para los costos estatales relacionados con los gases de efecto invernadero, esto entre 2000 y 2019.

Posteriormente, se pretende consultar a expertos científicos para determinar la cantidad de dinero necesario que repare el daño causado en la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo económico, por citar sólo algunos casos.

A partir de ello, el siguiente paso consiste en fijar como sanción a las petroleras una cuota anual fija que contribuya a reparar una parte del daño que han causado.

Los opositores levantan la mano

Ante la posibilidad de que la Ley de Superfondo Climático de Vermont pueda ser respaldada por el gobernador para entrar en vigor a partir del 1 de julio, el Instituto Americano del Petróleo (API), el cual representa a todos los segmentos de la industria petrolera y del gas natural en el país, emitió una carta dirigida a los legisladores estatales.

“El proyecto de ley impone costos y responsabilidad retroactivamente a actividades anteriores que eran legales; viola la igualdad de protección y los derechos del debido proceso al responsabilizar a las empresas por las acciones de la sociedad en general; y está anulado por la ley federal. Podría imponer una carga financiera considerable y significativa por una conducta que ocurrió legalmente décadas antes, de una manera que señala a la industria de refinación por el uso de combustibles fósiles por parte de otros. Es evidentemente injusto acusar a un grupo de grandes empresas que no quemaron combustibles fósiles, sino que simplemente los extrajeron o refinaron para satisfacer las necesidades y demandas de la gente”, se lee en el documento.

Randy Brock, senador republicano que votó en contra de la ley, argumentó que, a fin de evitar los millonarios costos legales que le implicaría una batalla legal a Vermont en los tribunales, lo mejor es cancelar la iniciativa. Advirtió al estado que se enfrentaría a un adversario con enorme músculo financiero que haría desproporcionada la batalla.

“Solo ExxonMobil tiene ventas anuales de $344,600 millones de dólares, y Vermont tiene un presupuesto anual de alrededor de $8,500 millones de dólares. Somos un mosquito comparado con un gigante”, enfatizó.

Aunque la ley sea promulgada por el gobernador de Vermont es muy probable que las compañías petroleras inicien una batalla en tribunales en busca de algún vacío legal que las exonere de pagar las millonarias sanciones que les esperan.

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Huella Zero es un programa de Sachamama, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar una economía de energía limpia para todos y actitudes, comportamientos y estilos de vida sostenibles.

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