Al cumplirse una semana desde el inicio de las negociaciones en Bakú, Azerbaiyán, donde se desarrolla la 29na. Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP29) el estado de las discusiones tienen en común la ausencia.
A Bakú le tocó una muy difícil posición: mantener la atención sobre lo decidido en Dubái sobre el lento pero inexorable abandono de los combustibles fósiles y emocionar cuando gran parte de los focos ya se encuentran sobre la COP30 de Brasil en 2025.
Como resultado, carece de sorpresa no solo que sea la primera conferencia en años con menos participantes registrados que la que le precedió –unos 65,000 delegados, aun así la segunda conferencia climática con mayor cantidad de la historia y un número que incluye a 1,700 lobistas de combustibles fósiles- sino que también haya sido escasa en figuras de alto perfil: Sharm-el Sheikh tuvo a Joe Biden, Dubai tuvo a Lula da Silva. Baku sufre las bajas a última hora de Úrsula Von Leyen de la Unión Europea hasta Gustavo Petro de Colombia.
A esto se suma la elección de Donald Trump, el colapso del gobierno alemán una semana antes del inicio de la COP29 y el retiro de la delegación de Argentina de las negociaciones.
Pero sería un error pensar que la falta de figuras es por la carencia de importancia de lo que se negocia aquí.
Porque la COP29 es sobre la madre de todas las discusiones: sobre dinero.
¿Puedes ponerle un precio al futuro?
El tenor de las negociaciones fue desde el primer día la fricción. Recién a las 10:00 pm del lunes 11 los países consensuaron sobre qué se iba a discutir en la conferencia, un atraso surgido de la intención de países como Brasil, China, India y Sudáfrica de incluir en la agenda la conversación sobre “medidas comerciales unilaterales relacionadas al cambio climático”.
Apenas una hora después de resolver ese impasse, la presidencia de Azerbaiyán obtuvo su primer logro: tras dos años de discusiones, los países finalmente llegaron a un consenso sobre cómo deberá funcionar el nuevo mercado global de créditos de carbono.
En este mercado los países podrán comprar y vender el carbono que sus bosques y otros ecosistemas y proyectos capturan o remueven de la atmósfera como modo de “compensar” las emisiones producidas por otros sectores, sobre todo el transporte y la energía.
A diferencia de los mercados actuales, que son gestionados por organizaciones privadas como Verra, este nuevo mercado estará regulado por disposiciones de la Convención de Cambio Climático y la guía científica del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC).
Todos estos requisitos y una lista extensa de compromisos sociales, ambientales y laborales buscan restaurar la confianza en los créditos de carbono como política climática, tras un año especialmente malo para los mercados tras varios escándalos de créditos fantasmas, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y hasta tráfico ilegal de madera.
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, los describió como un “mecanismo innovador de financiamiento” que nos hará “ahorrar 250 mil millones de dólares” en políticas climáticas.
Es reparación, no caridad
Las declaraciones de Stiell no se dan en el vacío, sino en el contexto de la otra gran negociación: la nueva meta global de financiamiento climático que reemplazará a la de los 100 mil millones de dólares propuestos hace más de una década, en 2009.
Los países del Sur Global exigen 5 billones de dólares anuales. “No es un monto que nos hayamos inventado” dice Ilidy Nacpil, del Global Campaign to Demand Climate Justice, “está basado en las necesidades reportadas por los países y en estudios independientes”. Ese dinero debe cubrir “mitigación, adaptación, una transición justa y daños y pérdidas”, subraya Jacobo Ocharan de Climate Action Network, la red de organizaciones de sociedad civil de mayor peso en la COP29.
De acuerdo con tres fuentes cercanas a las negociaciones, la “buena noticia” es que los países desarrollados “están hablando de billones”. La mala es que no se ponen de acuerdo en el monto exacto.
El monto no es el único punto contencioso. Asumiendo la ausencia de Estados Unidos, se encuentra sobre la mesa quiénes deben poner el dinero. Las reglas de la Convención son claras: deben ser los países del llamado Norte Global (Unión Europea, EE. UU., Gran Bretaña, Australia, entre otros).
Pero estas reglas, establecidas en 1992, dejan por fuera a otras grandes economías como India, Arabia Saudita y sobre todo China. En agosto, Estados Unidos ya pedía que estos países empezaran a aportar. Japón también sostuvo en octubre que “la nueva meta no podrá ser solo conseguida por los países desarrollados”. La Unión Europea habla que “todos los países contaminantes deben aportar”.
En la primera mitad de la semana, el grupo de G77+China rechazó el primer texto propuesto en las negociaciones.
El último de la triada de preguntas es sobre cómo contabilizamos ese dinero. “A nivel operativo, financiamiento climático es todo lo que reduce emisiones y ayuda a la adaptación” explica Nicole Makowski del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).
Esto significa que desde aportes públicos hasta privados, pasando por deuda. Un estudio de Oxfam en 2023 señaló que gran parte de lo que se contabiliza como financiamiento climático en realidad es lo último, lo que significa que países afectados económicamente por el impacto del cambio climático a su vez deben endeudarse para impulsar las políticas que necesitan para prepararse a ese impacto.
“El financiamiento tiene que ser en su mayoría público y no deuda: ¿cómo le pediremos a los países que se endeuden cuando sufren una inundación?” reflexiona Jacobo Ocharan de CAN.
