Tras negociaciones entre el gobernador Gavin Newsom y legisladores, el miércoles 10 de septiembre por la noche se aprobaron en primera instancia reformas en materia de clima y energía en el estado de California.
Los legisladores alcanzaron un acuerdo para extender un programa que limita ciertas emisiones en California, una iniciativa clave para reducir los gases de efecto invernadero.
El programa, ahora denominado “Cap-and-invest”, establece un límite máximo anual decreciente para las emisiones contaminantes de refinerías, centrales eléctricas y otras industrias emisoras de gases que contribuyen al calentamiento global.
Las empresas pueden optar por reducir sus emisiones o adquirir permisos que les permitan emitir contaminantes. La subasta de estos permisos genera ingresos anuales significativos para el estado.
Según declaraciones de Newsom, las nuevas medidas permitirán ahorrar en las facturas de electricidad, estabilizar el suministro de gas y reducir la contaminación tóxica del aire.
Además, según indicó, se acelerará la transición de California hacia una economía limpia y verde, generadora de empleo.
Debido a una ley estatal, el Senado y la Asamblea no podrán votar ningún proyecto hasta el sábado por la mañana. La normativa exige que todos los textos estén disponibles en formato impreso durante al menos 72 horas antes de la votación final.
Esto obligará a extender la sesión, actualmente programada para concluir el viernes a la medianoche.
Debates sobre los acuerdos de clima y energía en California
Individualmente cada propuesta genera debate y resulta compleja. Las conversaciones toman en cuenta prolongar el programa estatal de límites máximos e intercambio de emisiones, suavizar las normas sobre producción de petróleo y gas; modificar el gasto en servicios públicos e impulsar la distribución regional de energía.
En conjunto, estas propuestas plantean a los legisladores una serie de decisiones fundamentales sobre la transición energética de California, justo antes de que finalice el año legislativo.
Aunque algunos ambientalistas celebraron los acuerdos por su potencial para avanzar en los objetivos climáticos estatales, especialmente por su enfoque en la asequibilidad, otros defensores de la justicia ambiental y del consumidor criticaron varias disposiciones, argumentando que favorecen a la industria del petróleo y el gas.
Varios participantes en las negociaciones calificaron el proceso como apresurado, con decisiones clave sobre políticas climáticas tomadas en el último momento.
