El 17 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la gobernanza oceánica global con el Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés), al entrar en vigor tras cumplir con las condiciones establecidas por las Naciones Unidas.
Este acuerdo internacional, negociado durante casi dos décadas dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), representa el primer instrumento jurídicamente vinculante para la protección de la biodiversidad en aguas internacionales y el lecho marino que están fuera de cualquier jurisdicción estatal.
La activación del tratado se produjo 120 días después de que alcanzara las 60 ratificaciones estatales requeridas, un umbral que se cumplió el 19 de septiembre de 2025 con la adhesión de Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos, entre otros.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó este momento como un “hito histórico para el océano y la humanidad”. Destacó que el tratado cerrará una “laguna legal de larga data” que dejaba a dos tercios del océano sin regulación ambiental.
Por su parte, la Comisión Europea explicó que desde su entrada en vigor, más de 80 países han formalizado su ratificación, lo que hace legalmente vinculantes sus compromisos con las obligaciones establecidas en el texto. Entre ellos figuran potencias marítimas como China, Japón, Alemania, Francia y Brasil.
Un marco jurídico para proteger los océanos
El tratado habilita a los Estados partes a establecer Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar, un paso clave para enfrentar amenazas como la sobrepesca, la contaminación plástica, la minería profunda y el impacto del cambio climático en los ecosistemas oceánicos.
Además, establece obligaciones para la evaluación de impacto ambiental en actividades que puedan dañar la biodiversidad y un marco de cooperación científica y transferencia de tecnología, especialmente para países en desarrollo.
El tratado también busca contribuir al cumplimiento del objetivo global de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.
Desafíos tras el inicio de vigencia del Tratado de Alta Mar
Si bien su entrada en vigor es celebrada como un avance inédito, la Comisión Europea advirtió que su impacto dependerá de la implementación efectiva de sus mecanismos y la participación activa de los Estados partes.
El organismo internacional señaló que el nuevo Tratado también aborda desafíos como el aumento de las demandas de recursos marinos (alimentos, medicamentos y energía).
Asimismo, mencionaron que aún hay países que no han ratificado el acuerdo (como Estados Unidos y Reino Unido) y que, en el caso de hacerlo, podrían influir directamente en la agenda de gobernanza oceánica.
