Cuando el Estado de Illinois y varias organizaciones de Chicago lograron una victoria legal contra uno de los principales operadores de hoteles y condominios de la ciudad por la extracción ilegal de agua del río Chicago, una clínica de derecho ambiental desempeñó un papel clave en ese triunfo.
La Abrams Environmental Law Clinic de la Universidad de Chicago se ha convertido en un actor importante en la protección del medio ambiente de esta ciudad, de Illinois y de la región de los Grandes Lagos.
En ese importante caso, La Clínica representó a Friends of the Chicago River y al Sierra Club en sus esfuerzos por responsabilizar a 401 N. Wabash LLC, por la extracción ilegal de agua del río Chicago, que operó durante más de una década sin realizar los estudios legalmente requeridos para determinar el impacto de esas operaciones en la vida acuática ni instalar el equipo suficiente para proteger la vida acuática.
Después de que la Clínica enviara una notificación de intención de demandar al operador del edificio, el Estado de Illinois presentó su propia demanda en el verano de 2018 ante el Tribunal de Equidad del Condado de Cook, y los clientes de la Clínica lograron intervenir en ese caso.
En septiembre de 2024, un juez falló a favor de las mociones de sentencia sumaria del Estado y de los demandantes intervinientes, determinando que las instalaciones violaron y continuaban violando la Ley de Protección Ambiental de Illinois.
Trabajando con el co-abogado Albert Ettinger y el Centro de Defensa Ambiental de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, los estudiantes de la Abrams Environmental Law Clinic y el Estado redactaron y presentaron cinco mociones in limine para precalificar a un experto y excluir las pruebas que el operador de las instalaciones pretendía presentar.
“También defendieron cinco mociones similares presentadas por el demandado. A principios de 2025, el Estado y los demandantes intervinientes ganaron casi todas sus mociones y no perdieron ninguna”, indicó la Clínica.
Acuerdo más grande en la Ley de Agua Limpia
En mayo de 2025, el operador de las instalaciones, el Estado y los demandantes intervinientes llegaron a un acuerdo de consentimiento para resolver el caso.
El operador de las instalaciones acordó cesar la muerte ilegal de vida acuática, adecuar su estructura de toma de agua a la Ley de Agua Limpia (CWA) y pagar 1,5 millones de dólares en multas al Estado, 300,000 dólares en honorarios de abogados y 3 millones de dólares para un Proyecto Ambiental Suplementario (SEP).
“El monto total de 4,8 millones de dólares parece ser el acuerdo más grande alcanzado en virtud de la Ley de Agua Limpia en la historia de los tribunales estatales de Illinois”, destacó la Abrams Environmental Law Clinic.
¿Cómo opera? En nombre de sus clientes, desafía a quienes contaminan ilegalmente, lucha por permisos más estrictos, aboga por cambios en las regulaciones y leyes, exige responsabilidades a las agencias ambientales y desarrolla enfoques innovadores para mejorar el medio ambiente.
Mientras que los estudiantes que participan en la Clínica aprenden derecho ambiental sustantivo y los procedimientos para abordar las preocupaciones en los tribunales judiciales o administrativos.
Los estudiantes desarrollan diversas competencias fundamentales de defensa, como asesorar a los clientes, identificar problemas, realizar investigaciones factuales, realizar investigación jurídica práctica, defender sus intereses mediante comunicaciones escritas y orales, planificar casos, gestionar el tiempo y abordar cuestiones y dilemas éticos, indicó la Clínica en su sitio en internet.
Justicia energética para comunidades de bajos ingresos
La Clínica también ha apoyado a organizaciones de base que abogan por la justicia energética en comunidades de bajos ingresos y comunidades racializadas de Michigan.
Con la representación de la Clínica, las organizaciones intervinieron en casos ante la Comisión de Servicio Público de Michigan (MPSC), entidad que regula las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas.
“Ha planteado las preocupaciones de estas organizaciones comunitarias y ha obligado tanto a las empresas de servicios públicos como a los reguladores a considerar cuestiones de equidad a un nivel sin precedentes”, subrayó.
Obtuvo varias victorias en un caso tarifario con la empresa de gas que abarca la mayor parte de Michigan, DTE Gas Company.
También logró lo que llamó uno de sus éxitos más sustanciales: Demostró que en el servicio de Consumers Energy Company sí había desigualdades en la confiabilidad del servicio eléctrico entre comunidades con justicia ambiental y otras comunidades.
Al exigir una comparación justa —entre comunidades urbanas con y sin justicia ambiental—, quedó en evidencia que las primeras recibían un servicio menos confiable. Como resultado, la empresa se comprometió a invertir cerca de 500 millones de dólares en los próximos 10 años para mejorar la red eléctrica en comunidades con justicia ambiental y corregir esas desigualdades.
Las clínicas jurídicas ambientales universitarias tienen un gran impacto público al defender derechos, generar conciencia, ofrecer acceso a la justicia ambiental para comunidades vulnerables y formar profesionales capacitados, litigando casos emblemáticos.
“Son un esfuerzo de carácter académico, con responsabilidad social y proyección en temas Amazónicos y que ahora queremos impulsar a nivel regional”, dijo a Mongabay Mariano Castro, docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Católica del Perú, al referirse a esas clínicas en Latinoamérica.
Contenido especial de Huella Zero, publicado inicialmente en La Raza de Chicago.
